“Paz total” imperfecta, pero es paz

Entre el 7 de agosto de 2018 y el primero de agosto de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 957 homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos, 261 eran firmantes de paz y 313 masacres que dejaron un total de 1.192 víctimas.

Algo que nos dejó el gobierno de Iván Duque y paradójicamente era el gobierno con los genes de la seguridad democrática; fue el deterioro de la seguridad en las regiones y la falta de voluntad política para la implementación del Acuerdo de Paz, podría decirse que fueron 4 años con el palo en la rueda y mas que avanzar se retrocedió una implementación lenta y deficiente que no hizo más que facilitar la recomposición de grupos armados.

El informe demuestra que en estos cuatro años la tasa de homicidios en los municipios con Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los más afectados por la guerra, superó con creces la media nacional.

Por ejemplo, en 2021, mientras a nivel nacional la tasa de homicidios fue del 26,9 por ciento, en las zonas PDET fue del 48,9 por ciento, mientras que en los municipios PNIS –con familias interesadas en sustituir voluntariamente cultivos ilícitos– fue de 58,5 por ciento. Esto, según algunos analistas, refleja un fracaso en la política de drogas y seguridad rural.

Además de los asesinatos y masacres, Indepaz documentó 220 casos de desaparición forzada, 555 secuestros, 2.366 amenazas y más de 29.000 casos de extorsión. El informe dedica un capítulo especial a la violencia durante las movilizaciones sociales, en las que se reportaron 83 homicidios, de los cuales 44 estarían relacionados con la fuerza pública y un 43 por ciento de los casos el autor es desconocido, lo que influye directamente en el índice de impunidad.

El Clan del Golfo sería responsable del 17,9 por ciento de los casos, seguido por las disidencias de las Farc (16,2 por ciento), otros grupos paramilitares (11 por ciento), la guerrilla del ELN (10,7 por ciento) y la fuerza pública (0,72 por ciento).

Sobre las cifras de asesinatos de líderes, firmantes de paz y masacres, Indepaz dice que los departamentos más afectados son Cauca (340 hechos), Antioquia (194), Nariño (151), Valle del Cauca (117) y Putumayo (103). En cuanto a municipios, Tumaco fue el más golpeado, con más de 73 reportes. Tan solo en esa población 51 líderes sociales fueron asesinados.

Analizando estas cifras en su contexto no es de extrañar que 3 de estos 4 municipios más afectados por esta violencia “invisible” para la segunda vuelta presidencial de Colombia eligieron a Gustavo Petro quien arraso con una magnitud del 82 % de los votantes a su favor.  Atendiendo a cuáles promesas decidieron hacerlo, arbitrariamente yo diría que el deseo de no seguir siendo ignorados y abandonados a la suerte de esa invisibilidad de la violencia.

En este orden de ideas para los habitantes de estos municipios no seria nada descabellado atender hoy al ya presidente Petro hablar de la paz total, termino difícil de aceptar y valorar primeramente por la oposición política que considera que todo esto es el gran bazar o bingo de la impunidad. Segundo una parte que no voto por Petro sigue el discurso del uribismo “con bandidos y terroristas no se negocia” y se les olvida el pacto de ralito, las falsas desmovilizaciones de donde se ha heredado todo este terrorismo urbano.

Reconozco y me parece lógico los temores a incertidumbres que suscitan hablar de “Paz total”. Somo un país acostumbrado a la violencia, pero la fórmula de resolver los conflictos con la insurgencia mediante la beligerancia se ha desgastado y no nos ha llevado a buen puerto, por eso cualquier intento de paz siempre será mejor que la violencia. Como dijo Juan Manuel Santos durante la firma del acuerdo es mejor: “una paz imperfecta que una violencia perpetua”

Ante estos temores que nos enfrentamos nosotros como ciudadanos con esta política de paz total no escapa ni los gobiernos, ni los medios ni las organizaciones internacionales por esta razón la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) le envió una carta al presidente Gustavo Petro con motivo de la política de “paz total”.

HRW aclara que si esta política de “paz total” se diseña e implementa adecuadamente en Colombia, “podría contribuir a lograr avances en materia de derechos humanos en esa Colombia que durante décadas han sufrido graves abusos por parte de todos los actores del conflicto armado”.

Es por tal razón que la organización le compartió al mandatario algunas recomendaciones para que se logre tal compromiso con la paz:

1. Garantizar la protección y la seguridad en el país, esto requiere “una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos, que debe incluir tanto a las fuerzas de seguridad para cumplir con el deber de garantizar la vida y la integridad física, como a otras instituciones del Estado que son esenciales para la provisión de bienes y servicios públicos. Además de planes específicos diseñados para proteger a defensores de derechos humanos y otras personas en situación de riesgo”.
2. “fortalecer la capacidad del sistema judicial y garantizar que los indicadores de éxito de las fuerzas de seguridad se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos”.
3. En su tercera recomendación hablan sobre la necesidad de abordar las causas que perpetúan la violencia en el territorio colombiano y que han resultado en el reciclaje de nuevos grupos armados. “Para abordar este reciclaje de la violencia de manera sostenida a largo plazo, es fundamental que el gobierno aborde las condiciones subyacentes que han perpetuado el problema. Eso requerirá un esfuerzo enfocado en reducir permanentemente el poder de los grupos armados y el crimen organizado a través de una variedad de medidas, incluidas investigaciones criminales destinadas a desmantelar estos grupos, así como una presencia estatal civil más efectiva en regiones remotas que ayude a abordar las economías ilegales y garantizar el disfrute de los derechos económicos y sociales”.
4. Human Rights Watch indicó que el gobierno de Petro debe evitar desmovilizaciones fraudulentas de personas que fingen ser parte de grupos armados para obtener beneficios ilegales durante las desmovilizaciones. Es por eso que insta al Gobierno trabajar en conjunto con la fiscalía general de la Nación para verificar la identidad y los antecedentes penales de las personas que se desmovilizan.