El filósofo Aristóteles expresó: «La democracia ha surgido de la idea de que sí los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos»
La interpretación moderna de esta idea es que, dado que todas las personas compartimos la misma naturaleza humana, deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades, y la democracia debe reflejar y sostener esa igualdad.
La democracia como sistema, está concebida entonces desde el objetivo de materializar el sueño humano de la igualdad universal, puesto que se persigue la paridad frente a la ley y las instituciones, de tal manera que se haga una realidad el ideal de justicia, representado en el adagio «dar a cada cual lo que merece», pues precisamente es en el marco de la democracia, se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo. Esta concepción se opone a otras formas de gobierno tales como las dictaduras, la autocracia y los autoritarismos, en los que una persona denominada caudillo y un círculo íntimo adoptan todas las decisiones de Estado y los miembros de dichas sociedades se encuentran sometidos a su voluntad, normalmente a través de la imposición y la fuerza.
Con base en lo anterior, podemos definir la democracia como un sistema político, de organización social y de gobierno en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de forma directa o a través de representantes (indirecta), lo anterior quiere decir que vivir en comunidad requiere la creación de instituciones políticas encargadas de la administración de lo público con el fin de lograr los objetivos de interés general que se traducen en beneficio para todos.
En este orden, el polímata Rousseau propuso como desarrollo de su visión de la democracia que era necesario un contrato social, en el que el pueblo se convierte en sujeto colectivo, con el fin de proteger y defender el interés común, a la persona y los bienes de esta unión, con esta unión se espera que no obedezcan más que a sí mismos y queden libres como desde el principio (Vergara, 2012)
Vale la pena destacar, que en el siglo XX la democracia es entendida como democracia participativa; en donde el pueblo gobierna a través del voto ejercido, pero solo hasta la segunda mitad del siglo XX el término es focalizado en torno a la participación ciudadana en la formación de la voluntad política y toma de decisiones, refiriéndose precisamente a la democracia participativa o deliberativa (García, 2019)
Luego entonces, el voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana como herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, y corresponde al estado asumir la responsabilidad de proteger y fomentar el derecho al sufragio, asimismo a las autoridades electorales, organizar las estrategias e implementar los medios que faciliten su efectivo ejercicio, con transparencia y funcionalidad.
Ahora bien, en el caso colombiano, teniendo como momento hito la promulgación de la Constitución de 1991, exhibe una institucionalidad democrática caracterizada por la participación ciudadana. Esta carta de derechos «se originó en un momento en el cual tanto interna como externamente se venían ejerciendo en el país una serie de presiones orientadas a lograr la apertura de mayores espacios democráticos» (Hurtado e Hinestroza, 2016, p.2)
Precisamente, la Constitución Política Colombiana en sus artículos 1° y 2° establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista, que tiene como uno de sus fines esenciales «facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación» (Const.,1991, art. 2.p.14). La Constitución de 1991 establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, entendido como el poder público, es decir que el pueblo ejerce de forma directa o por medio de sus representantes (Const.,1991, art. 3). A partir de allí, la participación ciudadana se rige como un derecho-deber, es decir, que todo ciudadano tiene derecho a participar en el ejercicio, la conformación y control del poder y al mismo tiempo le coexiste el deber de participar en la vida política, civil y comunitaria del país (Hurtado e Hinestroza, 2016).
Sin embargo, el objetivo de la democracia se ha visto gravemente afectado, por la imperfección e interés particular que le es natural al ser humano, uno de esos elementos de corrosión de los valores democráticos es el clientelismo. Leal (1989) lo define, como una forma de intercambio interpersonal que implica relaciones instrumentales donde un individuo de más estrato socioeconómico, a quien se le denomina patrón, usa su propia influencia, recursos y poder, para brindar beneficios o protección donde la otra persona de menor estrato socioeconómico, es decir el cliente, no tiene la capacidad de rechazar, debido a su condición. Por ende, el clientelismo genera una relación asimétrica (Leal, 1989).
Esta dinámica clientelar de intercambio de votos y de otras formas de apoyo político por decisiones públicas, logra así que políticos ambiciosos ofrezcan beneficios a cambio de votos electorales, formando así microempresas electorales, esta ha sido una de las situaciones que se ha venido presentando en los últimos años en nuestro país.
Por ende, en regímenes democráticos existe una tendencia de corrupción y el clientelismo porque hay una brecha entre lo legal y lo formal, generando la no transparencia política. Todo esto dificulta el control verdadero de la población, Pero también se ensancha la corrupción porque el contexto social e histórico apoya y premia a los corruptos exitosos. Todas las relaciones de poder tendieron a una forma partidista con la competencia entre los partidos políticos, donde los profesionales de la política se transformaron en una especie para suplir sus intereses, a costa de dosificar las oportunidades de trabajo y frenar la redistribución del dinero y la riqueza. Esto influyó en la política colombiana con los medios de comunicación, la familia, el narcotráfico etcétera, esto con el fin de lograr un ascenso social apoyado en recursos que terminan saliendo del bolsillo de los colombianos.
Con todo, el gran reto de la democracia colombiana es sobrevivir al clientelismo y corresponde a los ciudadanos reflexionar en formas de purgar este parasito que no permite que nuestros sueños de verdadera igualdad y desarrollo nacional se lleven a cabo, como lo diría Theodore Roosevelt: «Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia»
- Vergara, J. (2012). DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN JEAN-JACQUES ROUSSEAU. Revista de Filosofía, 68, 29-52. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602012000100004
- García, A. (2019). El desarrollo de la democracia colombiana y sus efectos en el binomio fuerzas militares-ciudadanía. http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v17n26/1900-6586-recig-17 26-252.pdf.
- Hurtado, J., e Hinestroza, L. (2016). La participación democrática en Colombia: Un derecho en evolución. Justicia Juris, 12 (2), 59-76. http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v12n2/16928571-jusju-12-02-00059.pdf.
- Leal, F. (1989). El sistema político del clientelismo. Introducción. Análisis político N. 8. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-IEPRI/UNAL. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis08.pdf
Editorial Soy Ciudadano.
2da parte. El poder de la Fe y de la Educación.