Saludos apreciados lectores, es un placer poder acompañarlos en este espacio de reflexión y opinión. Por estos días, se han conocido preocupantes noticias respecto a la ingesta de carne de burro y caballo por parte de estudiantes beneficiarios del programa público de alimentación escolar “PAE” a quienes en el Departamento de Santander el contratista de este programa les suministro por 17 meses (mayo de 2018 al mes de septiembre de 2019) este tipo de carne, en remplazo de carne de res, poniendo en peligro la salud de los pequeños más vulnerables en ese departamento.
Es menester como punto de partida, advertir que el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia establece cuales son los fines del Estado, en otras palabras, para que existe el mismo, aquí podemos verlo:
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
Así las cosas, cuando observamos esta declaración de los fines esenciales del Estado, nos sobrecogen una sensación de confianza y seguridad porque nos muestra la existencia de un aparato estatal dedicado en cuerpo y alma para proteger a los ciudadanos.
Sin embargo, uno de los fracasos de la institucionalidad colombiana, ha sido ser garantes efectivos de la vida y honra de los niños de Colombia. Un ejemplo de ello, ha sido la nefasta administración del Programa de Alimentación Escolar “PAE” que vale destacar, es una iniciativa pública que establece el suministro de un complemento nutricional a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran matriculados en el sistema educativo público, todo esto con el propósito de garantizar la nutrición, salud y formación de los niños para que tengan un buen desempeño escolar, así como también para que permanezcan en el sistema educativo, previniendo la deserción estudiantil. Como anexo, esta política venía siendo manejada por la Nación a través del ICBF y el Ministerio de Educación hasta el año 2014, en el que se descentralizó y el Gobierno le entregó su funcionamiento a los mandatarios locales y departamentales, a través de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), quienes mediante sus Secretarias de Educación son las encargadas de manejar esta política.
Ahora bien, el programa en mención, tiene una gran importancia, dado que uno de los factores que hoy afecta el desempeño estudiantil en Colombia es el hambre. Muchos niños hoy asisten al colegio sin haber desayunado y algunos sin haber también cenado la noche anterior. Como testimonio de ello, les comparto que en un espacio de diálogo que tuve hace unos meses con una rectora de una institución educativa en una zona de alta vulnerabilidad de Sincelejo, esta me expresó como algunos niños vinculados a su ente, habían sido dictaminados con déficit de aprendizaje, en razón de la alimentación deficiente que estos estaban recibiendo en sus familias, donde solo se alimentaban de arroz. Escuchar eso me partió el corazón.
No obstante, esta semana me llené de dolor y rabia al conocer la noticia publicada por la Fiscalía General de la Nación dando a conocer que los menores que se benefician del Plan de Alimentación Escolar en Bucaramanga y municipios de Santander recibieron durante más de un año carne de burro y caballo en sus raciones alimenticias. El presunto criminal Fernando Trujillo Gómez que orquestó todo, no sólo suministraba este tipo de carne a los pequeños, sino que compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos del caribe colombiano y los trasladaba junto con sus secuaces para luego mediante químicos hacer parecer dicha carne como de Res, extrayendo de todo esto una ganancia de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000.)
En efecto, esta noticia es abominable y muestra la desgracia humana, esa donde la avaricia puede más que todo y esa donde la autoridad se percata muy tarde siempre de lo que sucede, porque queridos lectores, me pregunto ¿Dónde estaba la Gobernación de Santander para aplicar la interventoría y verificar la calidad de los alimentos que estaban suministrando?
Pero lo más aberrante de todo esto, es que el robo al programa de alimentación no es algo nuevo, según la Contraloría General de la Nación, en los últimos veinte años se han abierto 405 casos de responsabilidad fiscal en el PAE a nivel nacional por un monto de ciento treinta y un mil trescientos setenta y cuatro millones de pesos ($131.374’000.000), lo cual hubiese alcanzado para entregar treinta y dos millones ochocientos mil platos de comida. Así mismo, indicó que los departamentos con más irregularidades son Guajira, Arauca, Cesar, Santander y Bolívar y el municipio donde más recursos se han robado es Cartagena.
En medio de todo este panorama Sincelejo no es la excepción, hace pocos meses se hablaba de presuntas irregularidades en este programa y como los más pequeños estaban recibiendo, según el testimonio de los mismos padres alimentos vencidos.
Hoy queridos lectores hablo por los que no tienen voz, nuestros niños, por favor seamos garantes de estos programas, no sigamos patrocinando una clase política que está agravando el hambre de nuestro pueblo y matando sus esperanzas, nuestros niños no son el futuro de Sincelejo, Sucre y Colombia, son el presente, no sigamos ignorando las manos que los condenan y sancionemos en el marco de la democracia y con el poder que el voto nos concede. El artículo 2º de la Constitución Política no contempló como fin del Estado ser verdugo de su propio pueblo, empero eso es lo que sucede hoy y en especial con nuestros niños. Se están robando el PAE.
La necesidad de una ética para la vida