El virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha cambiado nuestro mundo desde la individualidad en la forma en como nos relacionamos entre nosotros y con nuestro entorno, pero también desde la colectividad, pues ha impuesto restricción de movilidad que impiden el desplazamiento libre y las relaciones familiares, así como también la necesidad de usar obligatoriamente tapabocas entre otras medidas. Estas circunstancias excepcionales han sido una oportunidad para repensar la forma en que funcionamos y vivimos en sociedad, pero también la forma en la que el Estado sirve a los ciudadanos.
La mayoría de las entidades públicas han tenido que reinventarse a partir de lo digital para evitar la expansión de los contagios por COVID-19 entre sus empleados y funcionarios, así como de cara a los usuarios que realizan todo tipo de trámites necesarios.
En este orden, la justicia no es la excepción, el Consejo Superior de la Judicatura, órgano que administra los recursos de la Rama Judicial y que dispone decisiones administrativas que afectan su funcionamiento a nivel nacional, ha expedido desde el 12 de marzo del presente año, 19 Acuerdos en virtud de la crisis por el coronavirus, entre estos, ordenando la suspensión de términos judiciales y profiriendo instrucciones sobre las herramientas tecnológicas de apoyo a disposición de los servidores de la Rama Judicial. Esto con ocasión a las medidas que decretó el gobierno nacional a través del Decreto Legislativo No. 806 de 2020.
Para el caso del Departamento de Sucre, el encargado de implementar medidas dentro de la Rama Judicial es el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre quien dentro de este marco se ha pronunciado recientemente a través de dos Acuerdos No. CSJSUA20-43 del 14 de julio de 2020 y No. ACUERDO No. CSJSUA20-44 del 15 de julio de 2020, en los que dispuso el cierre extraordinario de sus instalaciones en la ciudad de Sincelejo del 16 de julio al 29 de julio del corriente, declarando la suspensión de términos judiciales durante dicho lapso.
Ahora bien, aunque la medida extraordinaria tiene justificación en dos (2) presuntos casos de COVID-19 que se presentaron en el Edificio Gentium de la Rama Judicial, lo cierto es que la justicia esta paralizada en Sincelejo, afectando a abogados litigantes que no cuentan con recursos para subsistir y usuarios que llevan esperando años que se resuelven sus litigios y que ahora deberán esperar mucho más.
Finalmente, quedan muchas dudas respecto a los presuntos casos de COVID-19 que estuvieron en las instalaciones de la Rama Judicial, ¿Se respetaron los controles en el acceso para identificar a los contagiados? ¿No se venían preparando medidas para anticipar este tipo de casos?
Amanecerá y veremos dice un dicho popular, mientras tanto pasa el tiempo y tenemos una justicia contagiada y enferma, pero al parecer no solo adolece del coronavirus, sino de otras tantas cosas más.
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