Un panorama oscuro y violento se ha vivido en lo corrido del año en el país, por cuanto aquellos que no han fallecido a causa de los estragos de la pandemia sí han muerto a manos de verdugos despiadados.
Según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han sido asesinadas, en lo que va del año, 203 personas en 57 masacres. Los departamentos con las cifras más altas son Antioquia, con 13, seguido por Cauca y Nariño, con 8 cada uno.
Tan alarmante es la situación, que recientemente, en un evento organizado por el Gobierno nacional, Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, manifestó su profunda preocupación por la inseguridad que impacta la vida de tantos colombianos en varias zonas del país.
DiCarlo denunció que los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales, excombatientes, mujeres y jóvenes son un peligro para la paz. Y es que varias de estas muertes son a manos de bandas armadas que se disputan las rentas de los cultivos ilícitos dejadas por las FARC.
En el mismo evento donde DiCarlo se pronunció estuvo el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, haciendo referencia a los problemas que hoy debe enfrentar el país. Afino con él en que “la desgracia del narcotráfico, el espectro de una riqueza fácil, con cierta rapidez, significan uno de los peores incentivos que se le puede presentar a una sociedad”.
El jueves de esta semana se sumó a la lista de masacres el asesinato de 3 personas en la finca Matecaña, de la vereda Abejales, en Tarazá, Antioquia. Según informes de El Espectador, en la comunidad se han presentado denuncias de violencia por grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio.
Aunque no se puede señalar que todas las masacres hayan sido motivadas por temas de narcotráfico o cultivos ilícitos, sí genera preocupación la situación actual del país, máxime cuando el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, solo se limita a salir a los medios de comunicación para hacer aclaraciones, o salir del paso ante las críticas por el término homicidio colectivo.
Nuestras comunidades están clamando desarrollo, educación y salud, pero también gritan por estrategias para mejorar seguridad en las regiones más apartadas donde la mano del Estado no llega, que es donde más se necesita una presencia que consolide la confianza y la gobernabilidad que garanticen el cumplimiento de un Estado social de derecho.
El impacto social que tienen las conductas desinteresadas.