Estás dormido(a) en tu habitación y escuchas ruidos fuertes que provienen de afuera; sabes que frente a tu casa nada anda bien. Tú instinto te dice que salves a tus seres queridos, que recojas lo que más puedas de tus objetos y que huyas tan lejos como te sea posible para estar a salvo.
Esto no está ni cerca de ser la sensación que vive alguien que está en medio del conflicto armado, que le toca renunciar a su casa y a su tierra, que debe olvidarse de sus labores, que tiene que recorrer caminos inciertos, que debe despedirse de la vida tranquila que una vez conoció.
Las víctimas de este flagelo ya saben que “los malos” están cerca, porque en los pueblos los rumores vuelan, porque la gente empieza a tener miedo de hablar, de escuchar y de ver; porque el foráneo se reconoce y porque empiezan a aparecer muertos. Es como si de a poco te acecharan hasta que un día o te sacan o te vas.
Según la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia es el resultado de la combinación de estrategias empleadas por parte de grupos guerrilleros y de autodefensas que convierten a la población civil en blanco de sus actuaciones.
En mayo de este año fue publicado el estudio “Montes de María bajo fuego”, en donde se detalla que en los últimos 30 años han existido más de 158 000 víctimas del desplazamiento, y que unas 82 600 hectáreas de tierra fueron abandonadas en los Montes de María.
Según el informe, en la década de los 90, con la llegada del paramilitarismo a la región y el apoyo de sectores estatales, comenzaron las masacres y el desplazamiento forzado de campesinos.
El documento indica cómo las FARC se consolidaron en estas tierras, entre 1987 y 2007, y violentaron a campesinos de la región, acusándolos de apoyar el paramilitarismo; adicional a esto, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran amparadas por las cooperativas de vigilancia y seguridad privada (Convivir). El conflicto en los Montes de María se complejizó y agudizó.
El texto señala que el Estado colombiano no cumplió con su misión de protección y garantía a los sectores victimizados, sino que, por el contrario, “tuvo responsabilidades directas por acción u omisión”.
Estas cifras son del ayer, pero hoy todavía persisten acciones violentas heredadas por grupos armados que, “a través del negocio del narcotráfico, siguen sembrando violencia en la región”. Su accionar continúa tan vigente, que el pasado 13 de agosto la Procuraduría General de la Nación denunció, por medio de su cuenta de Twitter, que 27 familias de la vereda Caño Negro (Bolívar) huyeron por falta de condiciones de seguridad.
Apoyo el ente de control cuando afirma que no podemos permitir que la región regrese a los momentos más oscuros de la violencia; sin embargo, le recuerdo que estas poblaciones no han tenido luz suficiente para dejar estos momentos atrás. Lo que sí está claro es que hay historias que no merecen repetirse y acciones que deben tomarse con premura.
¿Dios es el creador?